Zenyazen Escobar, el diputado federal que controlaba la basura de 45 municipios de Veracruz muere a tiros: ¿ajuste de cuentas político o negocio?

El hallazgo del cuerpo sin vida de Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal de Morena, en un vehículo sobre la carretera Xalapa-Veracruz obliga a una investigación federal que no puede quedarse en la mecánica inmediata del disparo. Este viernes 4 de septiembre de 2026, autoridades localizaron al legislador de 42 años sin vida en la comunidad La Gloria, municipio de Puente Nacional. Presentaba al menos una herida de arma de fuego en la cabeza. Junto a un Mercedes-Benz negro, estacionado en un acotamiento, se halló un arma. El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo en conferencia que las primeras observaciones no mostraban daños al vehículo compatibles con una agresión externa. “No fue un atentado porque el carro está a un lado… fue interno”, afirmó, y precisó que la Fiscalía General de la República atraerá el caso por tratarse de un legislador federal. La fiscal estatal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre confirmó el deceso y una sola víctima. Esa cautela oficial no cierra las preguntas. Escobar no era un diputado más. Fue líder magisterial, diputado local, secretario de Educación durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y, desde 2024, diputado federal por el Distrito 16 (Córdoba y municipios de las Altas Montañas). Su muerte reabre señalamientos sobre contratos, el control del relleno sanitario regional de Nogales y la reconfiguración del poder entre el grupo heredado de Cuitláhuac y el gobierno de Rocío Nahle. De maestro y dirigente sindical a hombre fuerte de un sexenio Zenyazen Roberto Escobar García nació el 4 de junio de 1984. Fue docente de telesecundarias, militante del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (ligado a la CNTE) y diputado local. En el gobierno de Cuitláhuac García (2018-2024) ocupó la Secretaría de Educación de Veracruz entre 2018 y 2023. Renunció para buscar la coordinación de la 4T en el estado; perdió frente a Rocío Nahle, actual gobernadora. En 2024 ganó la diputación federal. Integraba comisiones de Marina, Cambio Climático y Economía. Su trayectoria pública arrastró polémicas antiguas: una fotografía de juventud como bailarín exótico (“Tarzán Boy”) en la zona de Orizaba, que él relativizó años después. En mayo de 2026 protagonizó un altercado en San Lázaro con el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla, quien lo llamó “pinche estríper, trepador”. Escobar lo retó a golpes. Videos se viralizaron. La gobernadora Nahle, que lo conocía de años, respondió: los diputados deben conducirse “con ética y principios”. “No se justifica”, dijo, aunque reconoció el desgaste de una sesión de más de 30 horas. Ese mismo mes fue fotografiado junto a la embarcación “Squalo”, que se incendió en Boca del Río. Negó ser el dueño y dijo haber auxiliado a lesionados. El episodio volvió a circular tras su muerte. Nahle envió condolencias este mismo 4 de septiembre. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, y Ricardo Monreal también lamentaron el deceso. El tono institucional no disuelve las tensiones previas: Escobar pertenecía al grupo de Cuitláhuac; Nahle proviene de otra corriente, cercana al círculo de Palenque y con una relación que analistas locales describen como tensa con Palacio Nacional en ciertos episodios de 2026. El relleno de Los Colorines: 15 años, decenas de municipios y un negocio en disputa El eje económico que más se ha documentado en medios locales de la región de Orizaba-Córdoba-Nogales es el manejo de residuos. El relleno sanitario regional de las Altas Montañas, conocido como Los Colorines (o La Esperanza), en Nogales, recibe basura de 45 a 50 municipios. En 2023 el Ayuntamiento de Nogales otorgó a Materiales Oconit S.A. de C.V. una concesión por 15 años para tratamiento y disposición final. El Congreso del Estado autorizó el contrato. La historia del sitio es conflictiva. En enero de 2021 la entonces Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PMA) clausuró el predio que operaba Arrendadora Constructo S.A. de C.V. por irregularidades y pasivo ambiental. Después intervinieron otras razones sociales; Materiales Oconit, constituida en Poza Rica y con giro de obra civil, asumió la operación. Medios locales la describieron como empresa de reciente perfil para un servicio tan especializado y señalaron un domicilio que no correspondía a una operación consolidada. Vecinos de colonias Agrícola, Lázaro Cárdenas, Cerritos, Maravillas, Colorines y Jerusalén, más el comisariado ejidal de Palo Verde, han denunciado en 2026 contaminación del aire y agua, lixiviados, malos olores, basura en vías y hasta 50 góndolas diarias, algunas provenientes de fuera del estado. En febrero de 2026 la empresa no acudió a una reunión convocada por el alcalde de Nogales. Los colonos amenazaron con impedir el acceso de camiones. Alcaldes de la zona centro han acusado públicamente a Escobar de haber favorecido, durante el gobierno de Cuitláhuac, el cierre del relleno de Cuitláhuac, dejando a decenas de ayuntamientos sin alternativa regional y concentrando el flujo en Los Colorines. Denuncian básculas alteradas, caminos intransitables, sobrecostos (alrededor de 360 pesos por tonelada más casetas y combustible) y falta de intervención de la autoridad ambiental. El volumen mensual se ha estimado en decenas de miles de toneladas. Arrendadora Constructo, que se dice propietaria de parcelas, ha denunciado despojo desde 2021: afirma que le impidieron el acceso pese a escrituras y una carpeta de investigación. Señala que Desarrolladora de Proyectos Lotto y luego Materiales Oconit tomaron el control de un servicio que genera ingresos millonarios. En esas denuncias aparecen de manera recurrente los nombres de Escobar y del exprocurador ambiental Sergio Rodríguez Cortés. En junio de 2025, Jorge Alberto Ramírez Balderas —entonces funcionario de la Procuraduría de la Defensa del Menor, dependencia que encabezaba la esposa de Escobar, Liliana López Coronado— acudió en horario laboral como representante de la empresa del relleno a una reunión con transportistas que bloqueaban el acceso. El episodio fue interpretado por la prensa local como muestra de la red de influencias alrededor del sitio. Ninguna autoridad ha publicado, hasta el momento, un dictamen que acredite propiedad o participación societaria de Escobar en Materiales Oconit. Los señalamientos provienen de alcaldes, afectados, columnistas y semanarios regionales. Eso no los vuelve irrelevantes: el homicidio de un actor político señalado de controlar un monopolio de residuos obliga a revisar contratos, concesiones, flujos de pago municipales y posibles testaferros. Contratos en Educación: empresas nuevas, deslindes y auditorías El otro frente de cuestionamientos es su paso por la Secretaría de Educación. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) documentó más de 200 contratos a empresas de reciente creación, entre ellas Soluciones y Milagros, para folders, equipo médico, persianas y lapiceros. Escobar se deslindó en 2025: dijo que en Veracruz la Oficialía Mayor —entonces a cargo de Ariadna Aguilar Amaya— era la única que contrataba y que “esas cosas ni pasaban por la oficina del secretario”. Pidió que se investigara a su exsubordinada. Columnas y reportajes locales han hablado de observaciones por miles de millones en el sexenio, 13 contratos irregulares en el Instituto de Espacios Educativos con daño estimado en 31.8 millones de pesos (pagos sin obra o entregas incompletas), irregularidades en institutos tecnológicos y el esquema de “tienditas” escolares. Escobar atribuyó la supervisión de la UPAV a subsecretarios y negó que en su gestión hubiera las quejas que estallaron después. La actual secretaria Claudia Tello ha señalado origen de problemas en la administración anterior. De nuevo: hay auditorías, denuncias periodísticas y deslindes. Sin embargo no hay, en lo publicado hasta hoy, sentencias firmes que lo condenen. El patrón es el de un funcionario que concentró poder operativo y después atribuyó las irregularidades a áreas administrativas. ¿Reconfiguración de poder o crimen común? Veracruz suma años de violencia y de disputa por rentas: residuos, educación, transportes, puertos. El grupo de Cuitláhuac perdió la gubernatura frente a Nahle. Escobar no rompió públicamente con ella, pero el llamado a “ética y principios” de mayo 2026 y las versiones de distanciamiento entre Xalapa y Palacio Nacional alimentan la lectura política. Sheinbaum visitará Veracruz el 10 de septiembre. La muerte de un diputado del grupo anterior ocurre en ese tablero. Las líneas que la FGR debe agotar son claras y no excluyentes: Circunstancias del disparo: suicidio, homicidio, intento de asalto. El vehículo intacto y el arma en el lugar no bastan para cerrar el expediente. Contratos y proveedores de la SEV 2018-2023. Concesión, operación y beneficiarios reales de Materiales Oconit y del relleno de Los Colorines, incluidos predios en litigio y cobros a municipios. Posibles tensiones internas de Morena en Veracruz y amenazas no denunciadas. Patrimonio, prestanombres y vínculos con el exprocurador ambiental mencionado en las denuncias locales. Arde Veracruz no como metáfora vacía: arde por basura mal confinada, por presupuestos municipales presionados, por un legislador hallado con un disparo en un acotamiento y por un gobierno que hereda redes que no construyó. Las preguntas apenas comienzan. La investigación federal tiene que responderlas con documentos, no con esquelas.