Cuernavaca.- Las personas que cometan robos contra cuentahabientes o los trabajadores de sucursales bancarias que filtren información sobre retiros de efectivo enfrentarán penas severas de hasta 23 años de prisión en la entidad. Esta actualización legal busca frenar los constantes atracos ocurridos afuera de las sucursales financieras. El castigo aplicará con dureza tanto a los ejecutores materiales del atraco como a los informantes internos. La medida quedó ratificada tras la publicación del Decreto 1138 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 2 de septiembre. Con ello se establecen criterios estrictos de sanción inmediata. Agravantes severas para trabajadores informantes La modificación a la fracción VI del inciso a) del artículo 176 impone un agravante directo para los delitos cometidos contra usuarios dentro de sucursales, cajeros o durante sus trayectos. El marco regulatorio protege a los ciudadanos al determinar que cualquier empleado bancario que proporcione datos confidenciales o auxilie en el delito recibirá exactamente la misma condena que los asaltantes. Las penas base contempladas en el artículo 174 parten desde seis meses hasta 14 años de cárcel. Sin embargo, con este ajuste las sentencias se incrementarán hasta en dos terceras partes. Cálculo de las nuevas condenas en prisión Para medir la gravedad del delito según los montos sustraídos, se utilizan como referencia las Unidades de Medida y Actualización (UMA) correspondientes al valor económico actual. En los casos donde se imponga la pena máxima de 14 años, la adición de la pena agravada sumará más de nueve años adicionales a la condena original. De esta forma, la sanción total acumulada para los responsables directos o cómplices de la institución bancaria podrá alcanzar aproximadamente 23 años y cuatro meses de encierro. Entrada en vigor en todo el territorio estatal El Decreto 1138 cobró vigencia legal a partir del 3 de septiembre, un día después de su difusión formal en el órgano informativo oficial. Las autoridades judiciales locales aplicarán este criterio reforzado a cualquier investigación iniciada por asaltos o filtración de datos confidenciales a partir de esta fecha.
2026-09-26
