Peligra alcalde de Xoxocotla: TJA exige al Congreso su destitución inmediata

Cuernavaca, Morelos.- El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Morelos envió una segunda solicitud al Congreso local para destituir al alcalde de Xoxocotla. El presidente municipal, José Carlos Jiménez Ponciano, enfrenta nuevamente un proceso de remoción por la omisión reiterada en el pago de laudos laborales. Guillermo Arroyo Cruz, magistrado presidente del TJA, confirmó que la petición busca sancionar la negativa constante del ayuntamiento para acatar las sentencias. Millonarias deudas ahogan municipios El nuevo expediente se suma a un historial de resoluciones judiciales firmes que la administración municipal ha ignorado sistemáticamente desde hace varios años. La situación coloca a Xoxocotla en el listado de los municipios con mayor riesgo financiero y legal dentro del estado de Morelos. De acuerdo con el tribunal, la mayoría de las deudas acumuladas en estos procedimientos superan individualmente el millón de pesos. Municipios en la cuerda floja El TJA identificó entre cuatro y cinco ayuntamientos en estado crítico por no liquidar los adeudos laborales heredados y propios. A la lista de riesgo se suma Tlaquiltenango, cuyo caso ya está en manos de los diputados para evaluar la separación del cargo del edil. En una condición similar se encuentra Zacatepec, donde el procedimiento legal avanza velozmente hacia la misma etapa de sanción. Administraciones sin voluntad de pago Arroyo Cruz subrayó que aunque los adeudos corresponden en su mayoría a administraciones pasadas, las actuales autoridades llevan casi dos años al frente. Durante este periodo, varios ediles no han realizado un solo abono ni mostraron intención de sanear las cuentas municipales. Esta postura contrasta con la de otros ayuntamientos que aplican reingeniería financiera para realizar pagos parciales y evitar la destitución. Tlaltizapán logra salvar el puesto Un caso distinto es el de Tlaltizapán, municipio que logró detener la solicitud de destitución tras alcanzar acuerdos con los trabajadores afectados. El ayuntamiento liquidó dos expedientes pendientes y pactó la cobertura de uno más mediante un esquema de pagos convenido. Por su parte, los alcaldes señalados aún disponen de recursos de defensa, mientras el Congreso analiza el destino de las solicitudes.